Los integrantes de la LXIII Legislatura sesionaron de manera extraordinaria para aprobar una reforma al Código Penal, en la que se estableció aumentar de 3 a 6 años de prisión a quien agreda a personal médico en una declaratoria de emergencia sanitaria. Las denuncias serán perseguidas de oficio por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En el documento que se le dio el trámite legislativo, se establece que quien cometa un “delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las penas que corresponden por el delito cometido, se les impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”.

Sin embargo, cuando las conductas sean cometidas en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionistas similares auxiliares o cualquier personal de servicios de salud del sector privado o público en el estado, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido”.

Los congresistas justificaron esta reforma debido que “como legisladores tenemos la obligación de reprobar toda conducta discriminatoria en contra de cualquier persona, máxime, ante el contexto de emergencia sanitaria, ya que dichas conductas atentan contra la adecuada prestación de los servicios médicos”.

Abundaron:“El riesgo de agresiones hacia personas que prestan sus servicios dentro de instituciones del sector salud, quienes derivado de sus funciones, atienden a personas portadores del virus Sars-Co 2, covid-19, van en aumento”. 

Una vez aprobado en el Pleno, esta reforma será turnada al titular d el poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial y entrará en vigor la nueva disposición en materia penal. 

FUENTE://www.milenio.com/ADOLFO TENAHUA RAMOS